La UE discute prohibir completamente las transacciones de criptomonedas relacionadas con Rusia

La Comisión Europea está considerando implementar una prohibición total de las transacciones de criptomonedas relacionadas con Rusia. La propuesta se está discutiendo como parte de un nuevo paquete de sanciones, con el objetivo de fortalecer la regulación del uso de activos digitales bajo las restricciones financieras existentes.

Según medios europeos, la propuesta limitará las transacciones que involucren plataformas de criptomonedas rusas y sus contrapartes, además de revisar las reglas relacionadas con la interacción de la infraestructura europea con dichas entidades. Actualmente, estas medidas aún están en fase de borrador: para que entren en vigor, deben ser aprobadas por todos los Estados miembros de la UE.

El mecanismo de sanciones de la UE también se extiende al ámbito de los activos digitales: los proveedores de servicios de criptomonedas en Europa enfrentan restricciones en ciertos aspectos para ofrecer servicios a clientes rusos. En este contexto, la medida en discusión podría representar una escalada en las restricciones existentes.

Las instituciones europeas consideran que los activos digitales podrían ser utilizados para eludir el sistema bancario tradicional en transacciones transfronterizas. Aunque las transacciones en blockchain son transparentes, las características descentralizadas de estas herramientas dificultan la aplicación de los mecanismos de regulación financiera estándar. Por ello, Bruselas ha estado fortaleciendo gradualmente la supervisión del sector de las criptomonedas, integrándolo en un marco más amplio de políticas de sanciones.

Si la propuesta es aprobada, los proveedores de servicios de criptomonedas en Europa deberán reevaluar cómo manejan las transacciones relacionadas con Rusia. Esto podría afectar las prácticas de cumplimiento, los procesos de diligencia debida de los clientes y el manejo de transacciones transfronterizas.

Actualmente, la propuesta aún no ha sido finalizada. Si se aprueba, estas restricciones formarán parte de un marco de sanciones más amplio de la UE, que cada vez más abarca herramientas financieras tradicionales e infraestructura de activos digitales.