Operativo decisivo destapa una red estructurada de abigeato en Corrientes con conexiones políticas

Un operativo combinado con seis allanamientos judiciales logró desarticular una compleja organización dedicada al robo de ganado en la provincia de Corrientes. La investigación, que se extendió durante semanas, permitió recuperar alrededor de 250 cabezas de ganado distribuidas en vacas, novillos y terneros, resultado de una maniobra delictiva que afectó a cerca de 45 productores agropecuarios de la región.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado —la intercepción de un camión con veinte cabezas de ganado que portaba documentación irregular en La Cruz— evolucionó hacia el descubrimiento de una organización con alcance político local. Los procedimientos judiciales revelaron no solo la estructura criminal sino también vínculos sorprendentes en el ámbito político municipal, convirtiendo este operativo en un punto de inflexión para la seguridad rural de la provincia fronteriza.

Cómo operaba la red criminal

La maquinaria delictiva funcionaba con un patrón sistemático y bien definido. Según informó Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), los implicados arrendaban campos en distintas zonas de la provincia, trasladaban el ganado robado hacia las cercanías de la ciudad y, desde allí, lo dirigían hacia mataderos clandestinos operativos en zona urbana. Esta estructura permitía que el delito permaneciera oculto durante meses, mientras los productores reportaban pérdidas significativas.

El operativo desarrollado por las autoridades incluía tanto procedimientos autorizados judicialmente como acciones realizadas con consentimiento de propietarios de campos donde operaban los sospechosos. Esta combinación de estrategias fue clave para obtener evidencia contundente que permitiera avanzar en las imputaciones.

Detenciones e investigados

Las acciones judiciales derivaron en tres personas con prisión preventiva decretada. El conductor del camión interceptado en los primeros días del operativo, identificado como Eulogio Manuel Monzón, fue aprehendido en flagrancia por abigeato agravado. Lo mismo ocurrió con Carlos Alberto Meneses, quien acompañaba al conductor y aparentemente participaba en el arrendamiento de los campos donde se acumulaba la hacienda sustraída.

Wesfalio Joel Leiva fue detenido en su establecimiento cuando las autoridades hallaron animales provenientes de robos. Su captura respondió a cargos por receptación dolosa de hacienda hurtada.

La investigación también identificó a Manuel Galeano, actualmente prófugo con orden de detención vigente. Adicionalmente, el operativo incluyó en su órbita a dos mujeres investigadas: una identificada como María Delia Acuña, concejal de La Cruz adscrita al partido Encuentro Liberal (ELI), quien sería esposa de Meneses. La Fiscalía aclaró que ambas mujeres fueron notificadas de su condición de investigadas, aunque aún no han recibido imputación formal.

Impacto agropecuario e institucional

El operativo benefició directamente a productores que habían sufrido pérdidas en los últimos meses. Roldán confirmó que los peritajes concluyeron y comenzó el proceso de restitución de ganado. Las marcas del ganado recuperado se distribuyen entre las sociedades rurales para que los damnificados identifiquen y retiren sus animales.

Respecto a las consecuencias institucionales, el Ministerio Público —a través del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri— lanzó una convocatoria para crear una fiscalía rural especializada en Paso de los Libres, con jurisdicción en tres municipios críticos: Paso de los Libres, La Cruz y Bompland. Esta medida respondía a demandas históricas del sector agropecuario para fortalecer la capacidad de respuesta en zonas fronterizas especialmente vulnerables a delitos de sustracción de hacienda.

Respuesta coordinada desde el Ejecutivo provincial

El gobierno provincial mostró involucramiento directo en el operativo y sus consecuencias. El gobernador Juan Pablo Valdés sostuvo una reunión de trabajo con los dirigentes rurales, junto con el ministro de Seguridad Adán Gaya, el ministro de Producción Walter Chávez y el interventor de Vialidad Provincial Luis Pablo Cardozo. Los ruralistas destacaron la disposición del Ejecutivo a encabezar acciones contra estos delitos.

Asimismo, desde la ASRC coordinaron encuentros con autoridades del Ministerio de Seguridad a nivel nacional para articular estrategias de seguridad en la zona de frontera. Gendarmería y Prefectura fueron convocadas para reforzar los controles en la costa del río Uruguay y en los puntos de paso hacia Brasil.

Prospectiva y escalada de acciones

El operativo que desmanteló esta red tiene potencial para replicarse en otras zonas de la provincia igualmente problemáticas. Los ruralistas aspiran a que los resultados obtenidos generen un efecto multiplicador en municipios como Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres y Bompland, donde la incidencia de abigeato es aún más crítica que en La Cruz.

Queda pendiente una reunión entre los representantes del sector agropecuario y el Ministerio Público para que los fiscales conozcan directamente la dimensión de la problemática que enfrentan los productores en los diferentes departamentos de Corrientes. El operativo y la investigación judicial abierta marcan un precedente esperanzador para la seguridad rural provincial.