Brenda Castillo en el triple crimen de Florencio Varela: tres nuevos procesados por homicidio agravado

El juez federal Jorge Rodríguez ha procesado a tres nuevos imputados en relación con el brutal homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron descubiertos a finales de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada en Florencio Varela. Los tres procesados —Mónica Mujica (37 años), Joseph Cubas Zavaleta (31 años, apodado “Señor J”) y Bernabé Jesús Mallon (42 años)— han sido formalmente acusados de privación ilegal de libertad coactiva agravada reiterada y homicidio agravado reiterado, según la resolución dictada el 30 de diciembre de 2025.

Las víctimas: Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Brenda Castillo tenía veinte años cuando fue secuestrada junto con Morena Verdi, también de veinte años, y Lara Gutiérrez, de apenas quince. Las tres jóvenes fueron engañadas para subir a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en las inmediaciones de la Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, La Matanza, la tarde del 19 de septiembre de 2025. Según los registros de cámaras de seguridad que documentaron el trayecto, fueron trasladadas desde La Tablada hasta una casa en Florencio Varela, donde supuestamente se realizaría una fiesta. Una vez dentro de la vivienda, los agresores revelaron sus verdaderas intenciones: recuperar un cargamento de droga que había sido sustraído.

El delito: sustracción de narcóticos y represalia mortal

La investigación reveló que el móvil del crimen fue el robo de un cargamento de sustancias ilícitas destinadas a la venta al menudeo en Florencio Varela. El cargamento había sido hurtado a una organización de tráfico de drogas de estructura celular que operaba en la región. Los autores del robo tenían conexiones con las víctimas y utilizaron engaños y ardides, aprovechando su vulnerabilidad, para establecer un vínculo de confianza que les permitiera atraerlas hacia la trampa.

El juez Rodríguez describió en su resolución cómo los agresores sometieron a las víctimas a “violencias físicas extremas, mediante golpes de puño, patadas y la utilización de elementos corto-punzantes, provocándoles lesiones gravísimas”. Enfatizó que el sufrimiento infligido “no fue instantáneo ni necesario para causar la muerte, sino que implicó un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento”, configurando así el delito de ensañamiento. Tras la muerte de las jóvenes, los perpetradores ocultaron los cuerpos mediante inhumación clandestina y procedieron a eliminar rastros y descartar los vehículos utilizados.

La investigación inicial y la transferencia al fuero federal

En un primer momento, la causa fue tramitada en la Justicia provincial de Buenos Aires bajo la dirección del fiscal de La Matanza Adrián Arribas, con la colaboración de Claudio Fornaro y Diego Rulli. El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara también participó en la etapa inicial. Los fiscales presentaron un dictamen de 227 páginas fundamentando la solicitud de prisión preventiva para ocho detenidos inicialmente.

La causa fue transferida al fuero federal debido a la participación de una organización narcotraficante multiterritorial vinculada a la ley 23.737 sobre delitos de estupefacientes. Los fiscales argumentaron que “la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación”. El juez federal Jorge Rodríguez asumió entonces la investigación, buscando garantizar una persecución penal estratégica y efectiva.

Los imputados y sus roles en la conspiración

Los tres nuevos procesados desempeñaron papeles específicos en el crimen. El juez estableció que “los nombrados han realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas”.

Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (un integrante clave de la organización narcotraficante), jugó un papel en la logística del crimen. Según declaraciones de testigos, tras el homicidio de Brenda Castillo y sus compañeras, Mujica se habría deshecho del teléfono celular de su marido. Joseph Cubas Zavaleta, identificado como un narcotraficante de origen peruano, habría ejercido un rol de coordinación. Bernabé Jesús Mallon participó activamente en las fases de planificación y ejecución.

Tony Janzen Valverde Victoriano y la red criminal

En un principio, Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado “Pequeño J” y en ese momento detenido en Perú a la espera de extradición, fue señalado como el autor intelectual del triple crimen. Sin embargo, las investigaciones demostraron una red más compleja de participantes. La organización narcotraficante estaba integrada por múltiples miembros incluyendo a Víctor Sotacuro Lázaro (alias “El Duro”), Alex Roger Ydone Castillo, Celeste González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez, Iara Daniela Ibarra, Matías Agustín Ozorio, Maximiliano Parra, Miguel Ángel Villanueva Silva, y otros individuos no identificados.

Evidencias y testimonios clave

Entre las pruebas presentadas figuran los seguimientos vehiculares realizados mediante cámaras de seguridad que documentaron el trayecto de la camioneta Chevrolet Tracker blanca desde La Tablada hacia Florencio Varela. Al llegar al área del conurbano, se sumó un Volkswagen Fox tripulado por Alex Ydone Castillo, Sotacuro e Ibáñez, profundizando la coordinación de la operación.

Testimonios de identidad reservada fueron fundamentales para vincular a Cubas Zavaleta con la coordinación del crimen. Una testigo declaró que el narcotraficante peruano, incluso desde su detención en un calabozo de la Policía Federal Argentina en Palermo, habría continuado ordenando operaciones y contaba con una libreta donde anotaba datos que probarían su participación intelectual. Este cuaderno fue decomisado durante el allanamiento de su celda.

Fundamentos de la resolución judicial

El juez Rodríguez concluyó que los acusados actuaron “de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa”. Enfatizó que el objetivo de los perpetradores era causar la muerte de las víctimas “para ocultar el hecho delictivo cometido previamente”, utilizando “golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes”, lo que evidenciaba una intención deliberada de incrementar el sufrimiento de manera “inhumana”.

La resolución subraya que el comportamiento de los imputados demuestra “un total desprecio por la vida humana en su máxima expresión”. El ocultamiento posterior de los cuerpos mediante inhumación clandestina y la eliminación de rastros evidencian una conducta orientada a asegurar la impunidad del hecho, agravando aún más la responsabilidad penal de los involucrados en el triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.